Traducción pública en Uruguay

Para presentar ante organismos públicos uruguayos cualquier documento redactado en idioma extranjero. Los casos más frecuentes son: trámites de residencia (partidas de nacimiento, matrimonio, antecedentes penales); actuaciones judiciales (contratos, estatutos, actas, testamentos); poderes otorgados en el extranjero que deban tener efecto legal en Uruguay; y registro de patentes de invención ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Las traducciones públicas uruguayas también pueden utilizarse en el exterior (vea la pregunta siguiente).

Depende del país de destino. Ciertos países de habla hispana aceptan traducciones realizadas por traductores públicos uruguayos; otros —como Argentina y España— exigen que la traducción sea realizada por un traductor habilitado en ese país. Cuando el país de destino acepta la traducción uruguaya pero requiere notarización por escribano público, la traducción se prepara con todos los datos de certificaciones y habilitaciones del traductor para facilitar ese trámite. Para países de habla inglesa —como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido— y para países que aceptan documentación en inglés —como varios países europeos y algunos países árabes— ofrecemos traducciones del español al inglés con la misma validez profesional. Estas traducciones no requieren idóneo, ya que en Uruguay existen traductores públicos tanto de español como de inglés. De este modo, si usted necesita documentos en español (para Uruguay) y en inglés (para uso en el exterior), podemos resolver ambas necesidades. Consúltenos sobre los requisitos específicos del país donde presentará sus documentos.

Todos, sean públicos o privados. El Decreto Ley N.º 15441 establece la obligatoriedad de traducción pública para: sentencias y laudos arbitrales reconocidos por la justicia uruguaya; escrituras públicas y documentos emitidos por autoridades extranjeras u organizaciones internacionales; comunicaciones entre tribunales de distintos países (exhortos y cartas rogatorias); y documentos privados no redactados en español que deban surtir efecto en Uruguay.

Es un profesional universitario habilitado para traducir documentos que requieren responsabilidad profesional y fe pública. La carrera dura cuatro años y se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo. La formación combina idiomas y materias jurídicas, ya que el traductor público trabaja habitualmente con documentos legales. Cuento con este título, otorgado por la Universidad de la República, y con más de 30 años de ejercicio profesional, que incluyen la presidencia del CTPU y la designación como perito traductor ante la Suprema Corte de Justicia.

En cinco: alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Para documentos en otros idiomas, trabajamos con idóneos (vea la sección «Idiomas sin traductor público»).

Un traductor público supervisa y verifica la traducción junto con un idóneo en ese idioma, y posteriormente firma y sella el documento. El traductor público se encarga de contactar al idóneo correspondiente y gestionar todo el proceso. La traducción resultante tiene la misma validez legal que cualquier otra traducción pública.